“Opinión pública”
significa cosas distintas según se contemple como una instancia crítica en relación
a la notoriedad pública normativamente licitada del ejercicio del poder político y social, o como una instancia receptiva en relación a la notoriedad pública, “representativa”
o manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de bienes de
consumo y de programas. En la publicidad concurren ambas formas de notoriedad
pública, pero “la” opinión pública es su común destinatario: ¿qué relevancia
tiene tal magnitud?
Los dos aspectos de la
notoriedad pública (y de la opinión pública) no están en una relación de norma
y hecho. Las funciones de la notoriedad pública, la crítica y la manipulativa,
son claramente distinguibles. Actúan socialmente contrapuestas. Cada una de
ellas conlleva una expectativa de conducta distinta del público: una tiene que
ver con la opinión pública; la otra, con la opinión no pública. No puede
decirse sin más que la conjunción de notoriedad pública y destinatarios de ésta
constituye una norma. Como norma constitucionalmente institucionalizada que es
la notoriedad pública, determina una parte importante de los procedimientos a
los que están fácticamente obligados el ejercicio y la compensación del poder.
Eso proporciona a la notoriedad pública algo así como un destinatario que colma
las expectativas de conducta que ella conlleva. Otra cuestión empíricamente
decidible es en qué ámbitos están en vigor estas funciones de la notoriedad
pública, qué dimensión tiene y en qué condiciones está el público que le corresponde.
El análisis de las normas
constitucionales de las democracias de masas tiene que atender a la ficción
institucionalizada de la opinión pública, sin poder identificar directamente a
ésta en el comportamiento del público de ciudadanos con una magnitud real. La
dificultad resultante de ello ha sido señalada por Landshut, quien registra el
hecho de que “en el lugar tradicionalmente destinado a la opinión pública
[aparece] la vaporosa inclinación sentimental. Ésta es orientada y dirigida
según convenga a través de determinadas disposiciones y por determinados
acontecimientos en uno u otro sentido. Esa inclinabilidad sentimental se mueve
como el resbaladizo cargamento de un barco balanceante”.[1]
Landshut recuerda que “El Estado moderno presupone como principio de su propia
verdad la soberanía popular, y ésta, a su vez, tiene que estar encarnada por la
opinión pública. Sin esa atribución, sin la sustitución de la opinión pública
como origen de toda autoridad de las decisiones obligatorias para todo el
mundo, falta a la democracia moderna la sustancia de su propia verdad”.[2] Si
no se puede abandonar el mandato, implícito en las normas constitucionales, de
una publicidad políticamente activa, entonces se abren fundamentalmente dos
caminos para definir el concepto de opinión pública.
Uno de ellos retrotrae
a posiciones liberales; el liberalismo quiso salvar la comunicación de un círculo
interno de representantes capaces de publicidad y formadores de opinión; el
liberalismo quiso salvar un público raciocinante en el ambiente del público
meramente aclamativo. “Se comprende que sea mucho más difícil formar una
opinión pública a partir del desierto de sentimientos, difusas opiniones y
popularizados puntos de vista difundidos por las medios de comunicación de
masas, que a partir de la polémica racional entre las grandes corrientes de
opinión que pugnan entre sí en la sociedad civil. Porque hay que admitir que es
más difícil que nunca el que una opinión pública consiga imponerse”.[3]
El otro camino lleva a
un concepto de opinión pública que prescinde por completo de criterios materiales
tales como racionalidad y “representación” y se limita a criterios institucionales.
Así equipara Fraenkel opinión pública y concepción dominante en el Parlamento
y obligatoria para el Gobierno: “Valiéndose del procedimiento de la discusión
parlamentaria, la opinión pública hace llegar al Gobierno sus deseos y, a su
vez, el Gobierno pone a la opinión pública en conocimiento de su política”. Leibholz
cree desacertada esa confrontación de Gobierno y Parlamento (entendido éste
como portavoz de la opinión pública); según él, los sujetos políticamente
activos serían los partidos en sus roles respectivos de gobierno y oposición.
La voluntad de los partidos coincide con la de la ciudadanía activa, de modo
que el partido en cada caso mayoritario representa la opinión pública.
Ambas versiones
cuentan con el hecho de que, en el proceso de formación de la opinión y la voluntad
en las democracias de masas, la opinión popular independiente de las organizaciones
–que la movilizan y la integran– apenas conserva una función políticamente
relevante.
La ficción de opinión
pública, característica del Estado de derecho, no puede ya seguir identificándose
con el comportamiento real del público; pero tampoco puede decirse que la
atribución de la opinión pública a determinadas instituciones políticas le
quite ese carácter ficticio. Con el positivismo, la investigación social
empírica regresa a ese plano para asir directamente la “opinión pública”. Pero
abstrayéndose, a su vez, de los aspectos institucionales y procediendo a la
disolución sociopsicológica del concepto de opinión pública como tal.
La “opinión pública”
es percibida en el último cuarto del siglo XIX como una magnitud de todo punto
problemática. En un tratado sobre La
esencia y el valor de la opinión pública del año 1879, se dice en tono de
resignación tardoliberal: “Lo que hace cien años era, según el parecer de los
coetáneos, el único principio obligatorio en la sociedad (la opinión pública),
se ha convertido con el curso del tiempo en una consigna gracias a la cual la
masa cómoda e intelectualmente desidiosa ha tenido el pretexto para sustraerse
al propio trabajo intelectual”.[4] Y
así se rompe el hechizo con el que la teoría del Estado había cubierto siempre
al concepto –la opinión pública se convierte en objeto de la investigación
sociopsicológica–. Analizada como “opinión de masas”, es arrancada al contexto
funcional de las instituciones políticas y despojada de su carácter de “opinión
pública”; pasa ahora por producto de un proceso de comunicación en el seno de
las masas que no está vinculado a los principios de la discusión pública ni a
la dominación política.
La public opinion acabó por convertirse en
el rótulo que designaba al análisis de procesos de grupos, análisis que
definía su objeto del siguiente modo: “public opinion referes to peoples attitudes
on an issue when they are members of the the same social group”.[5]
Por lo tanto, el público era como sujeto de la opinión pública, junto con mass y luego con group, parte de un proceso de comunicación e interacción entre dos o
más individuos. La noción de “grupo” se abstrae de todo presupuesto social e
histórico, de todo medio institucional y del entramado de funciones sociales
que en otra época fueron determinantes de la específica coincidencia de las
personas privadas en un público políticamente raciocinante. No menos abstractamente
es captada la noción misma de “opinión”. Opinion
es, por lo tanto, identificada con expression
on a controversial topic,[6] luego con expression of an attitude[7] y, posteriormente, con attitude sin más.[8] Al
final, la opinión acaba por no necesitar
siquiera de la capacidad de verbalización; ella comprende no sólo cualesquiera
hábitos o costumbres que se manifiestan en determinadas concepciones, es decir,
aquel tipo de “opinión” por prejuicios religiosos y derivados de usos y
costumbres a los que se enfrentaba la opinión pública crítica del siglo XVIII,
sino también modos de conducta. Pasa ahora por “pública” una opinión de grupo cuando
ha conseguido imponerse subjetivamente: el miembro tiene una idea (a lo mejor
equivocada) del peso de su opinión y de su conducta, esto es, una idea acerca
del número y de la identidad del resto de los miembros del grupo que comparten o
que rechazan sus costumbres o sus puntos de vista.[9]
Entretanto, Lazarsfeld
ha llamado la atención sobre el hecho de que se ha comprado demasiado caro el concepto
sociopsicológico de opinión pública al precio de la eliminación de todos los
momentos sociológicos y politológicos esenciales. Un primer paso en esa dirección
significa la ampliación del campo de investigación a la dinámica de grupos y,
de ahí, a las instituciones de la opinión pública, a la relación entre medios
de comunicación de masas y procesos de opinión. De todas formas, estas investigaciones
de la estructura de la comunicación se atienen mucho más a las relaciones psicológicas
que a los condicionamientos institucionales, como lo muestra bien ilustrativamente
el interesante teorema del two-step-flow
of communication [flujo comunicativo en dos pasos].[10]
Una vez que se ha
reconducido el sujeto de la opinión pública a una magnitud neutral respecto de
la diferenciación entre publicidad y esfera privada, es decir, una vez
reconducido al grupo, y cuando la opinión pública misma se ha disuelto en una
relación neutral de grupo, entonces puede también llegar a ser articulada la
relación de las opiniones de grupos con el poder público, pero ya sólo en el
marco de una ciencia auxiliar de la administración: “Así pues”, según la
definición intentada por Schmidtchen, “habría que calificar como opinión
pública todos aquellos modos de conducta de grupos cualesquiera de la población
que resultan apropiados para modificar o conservar las estructuras, las
prácticas y los objetivos de la dominación”.[11] Ese
concepto cualifica a la opinión pública como una posible resistencia de
fricción a la práctica del Gobierno y de la Administración, una resistencia que
puede ser diagnosticada por la investigación de la opinión y manipulada
utilizando los medios adecuados: esos medios “permiten al Gobierno y a sus
órganos actuar teniendo presente una realidad constituida por la reacción de
todos aquellos particularmente afectados por la política. Las investigaciones y
sondeos de opinión desempeñan la tarea de llevar a esa realidad a gremios e
instituciones, a los que toca la función de buscar la coincidencia entre la
conducta de la población y las fijaciones políticas de fines u objetivos”; pero
el autor no se ve obligado a proporcionar la prueba de su afirmación.[12]
Ya de entrada, la opinión pública es definida en relación a la manipulación
con cuya ayuda los dominadores políticos han de intentar “poner al unísono las
disposiciones de la población con la doctrina”.[13] La
opinión pública sigue siendo objeto de dominación también en los casos en los
que ésta se ve obligada a hacerle concesiones y a reorientarse; la opinión
pública no está ya vinculada ni a reglas de discusión pública o a formas de
verbalización, ni debe ocuparse de problemas políticos, ni menos aun dirigirse
a instancias políticas. Su relación con la dominación, con el poder, aumenta,
por así decirlo, a espaldas suyas: los deseos “privados” de automóviles y
refrigeradores caen bajo la categoría de “opinión pública”, exactamente igual
que el resto de modos de conducta de grupos cualesquiera con tal de que sean
relevantes para el ejercicio de las funciones estatal-sociales de la dominación
y la administración.
El material de los
sondeos de opinión –opiniones cualesquiera de grupos cualesquiera de la población–
no se califica como opinión pública por el mero hecho de que se le convierta
en materia de reflexiones y decisiones políticas. La retrodependencia de las
opiniones de grupos definidas en los criterios de investigación no puede cerrar
la brecha abierta entre la ficción de opinión pública del Estado de derecho y
la disolución sociopsicológica del concepto de ésta. Un concepto de opinión
pública con sentido histórico, normativamente suficiente para las pretensiones
del Estado social, teoréticamente claro y empíricamente ponderable, sólo puede
conseguirse partiendo del cambio estructural de la publicidad misma y de la
dimensión de su desarrollo. Las opiniones no públicas actúan en plural, mientras
que “la” opinión pública es en realidad una ficción; sin embargo, hay que atenerse
al concepto de opinión pública en un sentido comparativo. Hay que desarrollar
los criterios que permitan medir empíricamente a las opiniones según el grado
de su publicidad; en efecto: una fijación empírica de la opinión pública en un
sentido comparativo es hoy el medio más seguro de obtener enunciados sólidos y
contrastables acerca del valor democrático de integración de una situación
constitucional efectiva.
En el modelo pueden
contraponerse dos ámbitos de comunicación políticamente relevantes: por un
lado, el sistema de opiniones informales, personales, no públicas; por el
otro, el de las opiniones formales, institucionalmente autorizadas. Las
opiniones informales se diferencian según el grado de su obligatoriedad: en el
plano más bajo de ese ámbito de comunicación son verbalizadas las evidencias
culturales no discutidas, los extremadamente tenaces resultados del proceso de
culturación normalmente sustraído a la reflexión de cada sujeto (por ejemplo:
la actitud frente a la pena de muerte, frente a la moral sexual, etc.). En un
segundo plano son verbalizadas las –poco discutidas– experiencias básicas de
la propia biografía, los poco fluidos resultados del choque de la socialización,
que está también al margen de la reflexión (por ejemplo: la actitud ante la
guerra y la paz, ante determinados deseos de seguridad, etc.). En un tercer
plano, las evidencias, frecuentemente discutidas, de la cultura industrial,
los fluidos resultados de la irrigación publicística duradera (o también de la
labor propagandística) a la que están expuestos los consumidores, sobre todo
en su tiempo libre o de ocio.
Las evidencias
producidas por la cultura industrial tienen un carácter más fugaz y artificial
que las evidencias culturales, que podemos considerar como una especie de
suelo nutricio de la historia del tipo ideal constituido por la opinión espontánea, por el “prejuicio”.
Las opiniones surgidas en el ambiente de la cultura industrial se forman en un
contexto de “intercambio de gustos e inclinaciones”. De ordinario son la
familia, los grupos de amigos y compañeros de la misma generación, de conocidos
del barrio o del trabajo quienes constituyen el foco de este tipo de opiniones
exteriormente gobernadas. También éstas constituyen sistemas normativos que
exigen adecuación a ellos, pero al modo de un control social a través de las “modas”,
cuyas cambiantes reglas sólo por una temporada exigen predisposición a ser
seguidas. Los contenidos de opinión producidos por la cultura industrial tematizan
el amplio campo de relaciones que se dan entre los hombres y dentro de la
psique de cada hombre, esto es, el campo explorado psicológicamente por vez
primera en el siglo XVIII. En aquella época, los ámbitos de la vida privada
estaban aún protegidos en lo que hace a su expresa relación con la publicidad,
porque el raciocinio público estaba literariamente mediado. La cultura de
integración ofrece, en cambio, conservas de una literatura psicológica en
decadencia como prestaciones públicas destinadas al consumo privado –y
destinadas a ser comentadas como consumo en el intercambio de opiniones de los
grupos–. Esos grupos son tan poco “público” como aquellas formaciones de la
sociedad preburguesa en las que se constituían las viejas opinions aseguradas por la tradición, circulando luego de un modo
no polémico con el efecto de una law of
opinion. No es por casualidad que la investigación de los grupos y la de
los sondeos de opinión se hayan desarrollado simultáneamente: el tipo de opinión
que surge de las relaciones entre los grupos, recibida sin formulación, flexible
y dúctil en lo que a interpretaciones hace, apenas interiorizada y no demasiado
comprometedora; esta “mera” opinión, que es parte de small talks [charlas sin mayor trascendencia], es valiosa para los
fines de la investigación. Los procesos de comunicación de los grupos están
bajo la influencia de los medios de comunicación de masas, o bien directamente
o bien, las más de las veces, a través de la mediación de los opinion leaders. Entre estos se cuentan muy a menudo aquellas personas que
disponen de opiniones meditadas, formadas en la polémica raciocinante. En la
medida, empero, en que esas opiniones se mantienen fuera del contexto de la
comunicación de un público intacto, forman parte del conjunto de opiniones no públicas,
aun cuando se diferencian y contrastan respecto de las tres restantes
categorías (opiniones no públicas, opinión cuasi-pública, opinión pública).
El ámbito de
comunicación de las opiniones no públicas se contrapone a la esfera de
circulación de una opinión cuasi-pública. Esas opiniones formales pueden
reconducirse a instituciones tangibles; están oficialmente autorizadas en
calidad de comunicados, notificaciones, declaraciones, discursos, etc. De ahí
que se trate primordialmente de opiniones que circulan en un plano que escapa a
la masa de la población, entre círculos relativamente reducidos de la gran
prensa política y de los órganos consultivos, influyentes y decisorios con
competencias políticamente relevantes (gobierno, comisiones gubernamentales,
comités parlamentarios, direcciones de partidos, organizaciones sociales,
administraciones de consorcios, secretariados de sindicatos, etc.). Aun cuando
esas opiniones casi públicas están destinadas a un amplio público no cumplen
los requisitos de un raciocinio público según el modelo liberal. Como opiniones
institucionalmente autorizadas, están continuamente gozando de privilegios y
no consiguen una correspondencia recíproca con la masa no organizada del “público”.
Como es natural,
existe entre ambos ámbitos una conexión constante a través de los medios de
comunicación de masas, y ciertamente a través de una notoriedad pública “representativa”
o manipulativamente desarrollada, con cuya ayuda se procuran los grupos
participantes en el ejercicio del poder y en la compensación del poder una
predisposición a la aquiescencia y al seguidismo plebiscitarios del público
mediatizado. También contamos a ese vehículo –que posibilita la adquisición
de una influencia publicística planificada– entre las opiniones formales, pero,
como “públicamente-manifestadas” que son, hay que distinguirlas de las “cuasi-públicas”.
En cambio, una opinión
pública en el sentido estricto de la palabra sólo puede producirse en la medida
en que los dos ámbitos comunicativos sean mediados por el ámbito de la notoriedad pública crítica. Tal
mediación sólo es hoy posible en una magnitud sociológicamente relevante, por
la vía de la participación de las personas privadas en un proceso de
comunicación formal conducido a través de la publicidad interna a las
organizaciones. Una minoría de las personas privadas pertenece, efectivamente,
ya a los partidos políticos y a las asociaciones públicas en calidad de
miembros. En la medida en que esas organizaciones se doten de publicidad
interna no sólo al nivel de los funcionarios sino a todos los niveles, existirá
la posibilidad de que se establezca una correspondencia recíproca entre las
opiniones políticas de las personas privadas y aquella opinión casi pública.
Esa situación puede significar una tendencia cuando se la contempla globalmente;
requiere averiguación empírica saber qué alcance y qué eficacia real tiene esa
tendencia; saber si se trata de una tendencia progresiva o quizá de una
tendencia regresiva. Mas, para una teoría sociológica de la opinión pública,
es de una importancia decisiva, porque proporciona los criterios para juzgar
una dimensión que es la única en la que la opinión pública puede formarse en
las condiciones de una democracia de masas constituida por el Estado social.
Así como las opiniones informales se cuelan en el
círculo de las opiniones casi públicas, son aprovechadas por éste y
transformadas, así también consigue ese círculo mismo publicidad al ampliarse
con el público constituido por los ciudadanos. En la medida en que de ningún
modo “se da” la opinión pública como tal –aunque puedan aislarse tendencias que
actúan en favor de la formación de una opinión pública–, ésta sólo puede
definirse comparativamente. El grado de publicidad de una opinión se mide según
la medida en que provenga de la publicidad interna a un público compuesto por
miembros de organizaciones; y también por la magnitud que alcance la
comunicación entre una publicidad interna a las organizaciones y una
publicidad externa, formada en el tráfico publicístico, vehiculado por los
medios de comunicación de masas, entre las organizaciones sociales y las
instituciones estatales.
Fuente: Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública
Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
[1] Landshut, “Volkssouveranität und öffentliche Meinung”,
en Festschrift für Laun, Hamburgo,
1953, p. 583.
[2] Ibidem. p. 586.
[3] W. Hennis, “Meinungsforschung un repräsentative Demokratie”,
en Recht und Staat n° 200-201,
Tubinga, 1957, p. 56 y ss.
[4] F. von Holtzendorff, Wesen und Wert der öffentlichen Meinung, Munich , 1879, p. 91 y ss.
[5] L. W. Doob, Public
Opinion and Propaganda, Nueva York, 1948, p. 35; análogamente, N. J.
Powell, Anatomy of Public Opinion,
Nueva York, 1951, p. 1 y ss. (traducción
literal: “La opinión pública alude a las actitudes de los ciudadanos acerca de
un tema cuando son miembros del mismo grupo social”).
[6] W.
Albig , Public Opinion, Nueva York,
1938, p. 3.
[7] M. B. Ogle, Public
Opinion and Political Dynamics, Boston ,
1950, p. 48.
[8] Doob, op. cit.,
p. 35: “En este sentido, podría parecer como si la opinión pública existiera
siempre que la gente tiene actitudes”.
[9] P. R. Hoffstätter, Psychologie
der öffentlichen Meinung, Viena, 1949, p. 53 y ss.
[10] Véase el ensayo del mismo nombre de E. Katz en Public Opinion Quarterly, cit., p. 61 y
ss.; véase también Katz y Lazarsfeld,
Personal Influence, Glencoe, 1955.
[11] Schmidtchen, p. 257.
[12] Ibidem, p. 149 y ss.
